Ante la confusión que prevalece desde el pasado primero de enero, fecha en que entró en vigor el incremento, se dio a conocer el contenido del dictámen XX-VT/12/2011, que fue presentado para su votación por la Comisión de Vialidad y Transporte.
En el único punto de acuerdo dice que “se aprueba la nivelación de la tarifa al servicio del transporte público de la ciudad de Tijuana, Baja California, incrementándose el costo al usuario la cantidad de $ 1.00 m.n. (un peso moneda nacional) a partir del 1 de enero del año 2012, y la cantidad de $ 1.00 m.n. (un peso moneda nacional) en la tercera semana del mes de julio del año 2012”.
En ese mismo párrafo se especifica que las personas de la tercera edad y con discapacidad tendrán derecho de exigir el descuento del 50 por ciento, sobre la tarifa normal.
Mientras que a los estudiantes con credencial vigente seguirán pagando “la tarifa de $ 5.00 (cinco pesos moneda nacional”. La razón por la cual mantuvieron la tarifa preferencial es porque como estudiantes hacen uso del transporte público por lo menos cinco días a la semana.
De acuerdo al mismo dictámen estas disposiciones entrarían en vigor a partir del primero de enero.
En los antecedentes explican que desde que inició la actual administración recibieron una serie de oficios por parte de las líneas transportistas demandando la nivelación de la tarifa, misma que se mantuvo intacta durante casi tres años, debido a que “comienza a ser un servicio incosteable por los gastos de operación”.
Asimismo, sustentan el incremento de un peso en enero y uno más en el mes de julio a raíz de un acuerdo al que se llegó en el Consejo Municipal de Transporte, durante la sesión ordinaria efectuada el pasado siete de diciembre.
En la exposición de motivos los regidores que integran la Comisión de Vialidad y Transporte sostienen que “el transporte público en la ciudad de Tijuana ha sido sometido a un proceso de modernización y adecuación de acuerdo a la normatividad estatal y municipal vigentes”, por eso las anteriores tarifas no les alcanzaban para costear el precio de los combustibles, las refacciones y las reparaciones de las unidades.
Asimismo, culpan al gobierno federal de implementar una política pública incapaz de frenar la inflación, por el contrario ha decretado aumentos mensuales a los combustibles, “situación que pone en riesgo la prestación del servicio público de transporte”.
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